En los supuestos de reclamaciones interpuestas por daños y perjuicios sufridos con ocasión de deficiencias o mal estado de las vías públicas, no basta con constatar la existencia de las deficiencias alegadas. Es preciso abordar si la Administración ha cumplido con la obligación que le es exigible, obligación que debe valorarse en el marco de unos límites exigibles, el denominado estándar mínimo exigible al servicio público de mantenimiento de las vías públicas. 

Este Consejo Consultivo, siguiendo una reiterada jurisprudencia y doctrina, ha señalado al respecto lo siguiente:

  • La obligación de la Administración Local de garantizar una adecuada pavimentación y conservación de las vías públicas urbanas no puede entenderse en términos absolutos, en el sentido de exigir de la Administración una conducta tan exorbitante que le obligue a corregir cualquier deficiencia del pavimento por insignificante que ésta sea. El cumplimiento o no de aquella obligación sólo podrá determinarse en relación con el estándar mínimo exigible a la prestación del servicio público, de manera que sólo si la Administración no ha actuado conforme a dicho estándar podrá apreciarse responsabilidad patrimonial.
  • Para determinar el estándar mínimo exigible al servicio público de mantenimiento de las vías públicas urbanas ha de valorarse, fundamentalmente, la ubicación y circunstancias de la propia vía, ya que la diligencia exigible al Ayuntamiento será mayor, por ejemplo, en zonas muy transitadas que en aquellas con escasa afluencia de gente o no destinadas al paso de personas.
  • El funcionamiento del servicio público viario no se ajusta a los estándares de actividad mínima exigible, y por ende conllevará responsabilidad de la Administración, cuando las deficiencias del pavimento tienen entidad suficiente para generar una situación de riesgo sustancial. Por el contrario, los daños sufridos en una caída no serán antijurídicos cuando ésta se produzca a consecuencia de un obstáculo de dimensiones insignificantes o visibles, puesto que no puede pretenderse que la totalidad de las aceras o calzadas de las vías públicas urbanas estén en un absoluto alineamiento, totalmente rasantes y carentes de la más mínima irregularidad. 

Cabe aludir a varios supuestos en los que se producen reclamaciones por mal estado de las vías públicas: defectos en el pavimento, deficiente mantenimiento en los supuestos de heladas, zonas privadas de uso público y servicio de limpieza de basuras. 

En cualquiera de los casos, debe tenerse en cuenta, para apreciar la existencia de responsabilidad, el principio de confianza de los peatones en las condiciones de seguridad de las aceras por las que transitan, por lo que “será apreciable la constatación de un inadecuado estado de conservación de aquellas vías cuando se traduzca en la existencia de obstáculos no apreciables con el empleo de la diligencia exigible” (Dictamen 298/2013).

  1. En relación con el primer supuesto, se viene considerando que las deficiencias en el pavimento de aceras son insignificantes y no suponen un incumplimiento del estándar de seguridad exigible cuando el desnivel oscila entre 0 y 2 centímetros (dictámenes 106, 659, 664, 801, 825 y 852/2013). Sin embargo, en algún supuesto se ha estimado insignificante o de poca relevancia desniveles cuya sobreelevación máxima era de 2,5 centímetros, a la vista de las circunstancias que concurrían en el caso concretotacón de cm mod Charlize rosa Sandalias de tacón 7 piel (Dictamen 180/2015, de 21 de mayo).

    para Zapatos Victoria para mujer mujer Zapatos Victoria Victoria Zapatos 0RqZAv Cuando la entidad del desperfecto es superior, o incluso cuando en el propio expediente la Administración no ha probado la mínima entidad del defecto (Dictamen 744/2013), la responsabilidad corresponde a la Administración titular del servicio viario.

    También se ha apreciado responsabilidad de la Administración en algunos supuestos en los que existían defectos que, sin tener un desnivel significativo, se encontraban ocultos en el pavimento, con el consiguiente riesgo para los viandantes. Este supuesto se recogió en el Dictamen 835/2013, en relación con una caída causada por unas baldosas que se encontraban sueltas en la acera a la salida de un garaje.
  2. En cuanto a la presencia de hielo en las vías públicas, se entiende que la Administración ha de velar por la adecuada limpieza de las calles, y que el estándar mínimo del servicio ha de determinarse atendiendo no solo a los medios y personal disponibles (que variará en función del núcleo de población o Administración a que se refiera) sino también al mayor o menor tránsito de personas y vehículos por esos lugares (calles céntricas, centros sanitarios o escolares, etc.), ya que un mayor tránsito obliga a una mayor prontitud y diligencia en la actuación pública.

    En cualquier caso, de apreciarse responsabilidad de la Administración, en algunos supuestos suele moderarse o exonerarse en la medida que se considera que las especiales circunstancias y riesgos que presenta la vía pública obligan a los transeúntes y conductores a extremar las precauciones.
  3. En relación con las caídas producidas en zonas privadas de uso público, en relación con los cuales este Consejo ha alcanzado conclusiones distintas en función de las circunstancias concretas del caso. Así, en el Dictamen 694/2013, tras recoger el criterio general de que en otros casos similares en los que se ha entendido que el Ayuntamiento debía responder por los daños, al apreciarse un incumplimiento de su deber de vigilancia de las vías de uso público, en el supuesto ahora analizado en el dictamen precitado no se aprecia responsabilidad de la Administración Local. Y ello porque se considera que “el deber de vigilancia del Ayuntamiento no puede exigirse de una manera tan exorbitante que se le obligue a velar por el adecuado estado de todas las calles y plazas de dominio privado y uso público, de forma tal que vacíe de contenido el deber de vigilancia y la responsabilidad que corresponde a los propietarios de aquellas. En otro caso se convertiría a las Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo”.

    Pues bien, del plano de situación que obra en el expediente se infiere que el lugar del percance se encuentra en una plaza poligonal circundada por un único edificio y que cuenta con una única entrada y salida; y que, a pesar de ser de uso público, se trata de una zona que no parece ser de tránsito habitual de personas ajenas a la propiedad, que exigiría del Ayuntamiento una mayor vigilancia, sino que es utilizada fundamentalmente por los propietarios y residentes que acceden a los portales de esa plaza y por los usuarios del aparcamiento privado. Por ello, aunque en este supuesto consta que el domicilio de la reclamante se encuentra en una plaza cercana, se considera que las obligaciones de vigilancia y mantenimiento del pavimento de la zona privada y las consecuencias de su incumplimiento han de recaer sobre los propietarios.
  4. Otros supuestos relativos a la apreciación del estándar mínimo del servicio que han dado lugar a consultas al Consejo, son los relativos al servicio de limpieza.

    En el Dictamen 235/2013 se entendió que no puede exigirse a la Administración una conducta tan diligente o exorbitante que le obligue a una limpieza continua de la calle o a retirar cualquier desperdicio de manera inmediata. En el supuesto analizado, el percance sucedió sobre las 22:00 horas y la empresa adjudicataria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria realizó barrido manual, barrido mecánico y baldeo mecánico entre las 6:00 y las 13:00 horas. El informe del técnico gerente de Parques y Jardines manifiesta que les consta que los trabajos de limpieza se efectuaban y que se realizaban en dicho horario “aprovechando la ausencia de público”, ya que “no es posible hacerlo en otro momento con la gente que allí se agolpa”. Por lo que se concluyó que se había cumplido con el estándar exigible al servicio público de limpieza viaria.

No obstante, existen determinadas circunstancias que pueden modular la responsabilidad de la Administración. Sin ánimo de ser exhaustivos, cabe citar, entre otras, las siguientes:

  1. Zonas no habilitadas para el tránsito peatonal. En relación con esta circunstancia, deben distinguirse dos supuestos:
    • por un lado, aquellos casos en los que los peatones sufren percances en la calzada, al transitar fuera de los pasos de peatones, es decir, por lugares no habilitados para el cruce, cuyas características están previstas para la circulación de vehículos, por lo que el peatón que transite por esas zonas debe asumir los riesgos de las posibles irregularidades, irrelevantes para los vehículos y no para las personas, que pueda haber en la calzada.
    • por otro lado, los supuestos en los que los peatones atraviesan lugares no habilitados para ello, como pueden ser jardines o aceras en obras con prohibición de paso.
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  2. La propia conducta o falta de diligencia del perjudicado, que determina la existencia de una concurrencia de culpas.
    En estos casos, resulta importante atender a las diversas circunstancias que permiten apreciar la mayor o menor diligencia que puede ser exigible a las personas: edad, condiciones físicas, agilidad, movilidad, defectos visuales, etc. tal y como se expone a continuación.

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